En materia penal no existe un tiempo estándar de duración de los procesos. Ello depende del número de personas vinculadas, el tiempo que tome la Fiscalía en realizar los actos de indagación y la complejidad del tema que se esté investigando y juzgando. 

Aproximadamente, adelantar un proceso penal con todas sus etapas puede tomar desde tres hasta cinco años, tiempo que puede ser menor cuando se acude a alguna de las formas anticipadas de terminación del proceso.

Los procedimientos penales pueden iniciarse con denuncias formales que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación o por medio de cualquier otro de los mecanismo para llevar al conocimiento de esa entidad una noticia criminal. Por ejemplo mediante compulsa de copias que realice otra entidad pública, entrega de información de organismos de inteligencia, noticias de prensa o de oficio (Iniciativa de la propia Fiscalía General de la Nación).  

Una vez entregada la información o presentada la denuncia, la Fiscalía adelanta una indagación para establecer la relevancia penal de los hechos, la cual puede terminar con una formulación de imputación o con el traslado del escrito de acusación (Si es proceso abreviado), dando así inicio al proceso ante los jueces de la República.

Cuando una persona es denunciada por la presunta comisión de un delito, la Fiscalía no está en la obligación de informar o notificar al denunciado sobre esta situación. De hecho, las indagaciones penales son reservadas, incluso para quien es indicado o procesado. 

El momento que establece la Ley para informar la existencia de un proceso en contra de una persona, es cuando se cita para alguna diligencia de carácter judicial o de investigación. Por ejemplo: establecimiento de arraigo o interrogatorio, la audiencia de imputación, traslado del escrito de acusación y conciliación en delitos querellables.

Cuando una persona cree o se entera que ha sido denunciado, es muy importante que cuente con asesoría legal, pues desde ese momento y sin importar la etapa en que se encuentre el proceso, puede ejercer su derecho de defensa, recaudar y asegurar elementos de prueba y realizar peticiones pertinentes a la Fiscalía. La asesoría temprana es fundamental para el éxito en procesos penales.

El riesgo en materia penal es uno más de los riesgos propios de las actividades profesionales, industriales, financieras, económicas y de gerencia pública. 

Es muy importante contar con asesoría preventiva en materia penal para evitar el riesgo de fraudes, reaccionar correctamente al ser víctima de un delito, evitar actos de corrupción pública o privada al interior de una empresa o institución, prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, disminuir la probabilidad de denuncias en contra de personas naturales o que relacionen la actividad de personas jurídicas, tomar medidas adecuadas cuando se comete un delito doloso o culposo al interior de nuestra organización, entre otros riesgos.